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County Executive Robert P. AstorinoEn un esfuerzo para proteger la salud, seguridad y los bolsillos de nueve millones de Neoyorquinos, el Ejecutivo del Condado de Westchester Robert P. Astorino entabló dos demandas para asegurar que cualquiera acción para cerrar la planta de energía nuclear de Indian Point que se encuentra junto al Rio Hudson en el pueblo de Buchanan cumpla completamente con las leyes ambientales del estado y proteja a los contribuyentes, pagadores de servicios y empleos.

Citando claras y numerosas brechas en las leyes ambientales del estado, las demandas explican en detalle cómo ‘‘tres hombres en una habitación’’ negociaron el cierre de Indian Point, concertado en secreto por el Gobernador Cuomo, Entergy y Riverkeeper, fallando en cumplir con la Ley de Revisión de Calidad Ambiental del Estado de Nueva York, conocida como SEQRA.

‘‘Nuestra demanda no tiene nada que ver con el debate sobre la energía nuclear’’, dijo Astorino en una conferencia de prensa en su oficina en White Plains. ‘‘Tiene que ver con la seguridad y la aplicación de la ley. Básicamente, el asunto no es si Indian Point se mantiene abierta. Es que cualquier plan de cerrar la planta debe cumplir enteramente con la ley. Si nuestras leyes ambientales han de significar algo, entonces seguramente ellas han de ser aplicadas en el cierre de una planta nuclear que afecta las vidas y la subsistencia de nueve millones de Neoyorquinos. Si alguna vez hubo una razón para que la Ley de Revisión de Calidad Ambiental fuera aplicada, ésta lo es’’.

El caso es simple. El estado falló, como lo demuestran claramente los registros, en cumplir sus obligaciones bajo la SEQRA para conducir revisiones ambientales antes de anunciar su decisión en enero de cerrar Indian Point. Al avanzar en el cierre sin las revisiones ambientales requeridas, el estado puso al público en riesgo al omitir examinar:

  • si hubiere suficientes fuentes de energía disponibles para remplazar la pérdida de 2,000 megavatios de electricidad (aproximadamente el 25 por ciento del suministro para los nueve millones de residentes de Westchester y la Ciudad de Nueva York) para que sean evitados apagones sucesivos;
  • si los anticipados incrementos de las tarifas de electricidad causarían problemas económicos para los individuos, familias y negocios, particularmente entre las minorías, residentes de bajos recursos, ancianos y otras personas sin ingresos fijos;
  • si la pérdida de miles de empleos y un billón de dólares de actividad económica devastarían a las comunidades locales y al condado en su conjunto. (Solamente las pérdidas en Pagos en Reemplazos de Impuestos están estimadas en $72 millones para el Condado de Westchester, el Pueblo de Cortlandt, la Villa de Buchanan y los 2,500 - estudiantes del Distrito Escolar Hendrick Hudson);
  • si reemplazar la cero emisión de contaminantes de la energía nuclear con combustibles fósiles contribuiría al cambio climático;
  • si el desmantelamiento de la planta requerirá un rescate financiero de los contribuyentes dado que los actuales fondos están estimados en quedarse cortos por más de $1 billón de lo que se necesitaría;
  • si el público estaría expuesto a peligros de salud y seguridad por dejar usado, varillas de combustible radioactivo en el lugar, por un periodo estimado que va desde 60 años hasta siempre.

‘‘Incluso aquellos quienes aplauden el cierre de Indian Point deberían estar profundamente preocupados sobre como esto está siendo llevado a cabo, más el impacto ambiental y económico que producirán’’, dijo Astorino.

Normalmente, SEQRA es aplicada para casi todos los proyectos públicos básicos, tales como construir piscinas, carreteras, lugares de juegos, compra de computadoras e incluso renombrar instalaciones del condado. Asombrosamente, el estado está ignorando la ley cuando se trata de una de las mayores decisiones ambientales de la historia de Nueva York – el cierre de una planta nuclear.
‘‘Pedirnos que confiemos en ellos reta el sentido común y la lógica básica’’, dijo Astorino. ‘‘Decir que el cierre de la planta no tiene un impacto significativo seria para reírse si las consecuencias no fueran tan criticas’’.

Astorino fué particularmente escéptico de la Comisión de Trabajo que ha ensamblado el Gobernador para ahora ver las consecuencias de cerrar Indian Point. ‘‘Primero que todo, las preguntas que ahora están siendo revisadas por la Comisión de Trabajo debieron ser expresadas y respondidas todas antes de la decisión del estado de cerrar Indian Point’’, dijo Astorino. ‘‘Y qué confianza puede tener el público en esta Comisión de Trabajo dado que ellos sólo le rinden cuentas al Gobernador, no tienen el peso de la ley detrás de ellos y sus recomendaciones pueden ser ignoradas. Así no es como un gobierno abierto y transparente se supone que trabaja’’.

La razón de Astorino en entablar las dos demandas es para lidiar con el estatuto de limitaciones. Su querella apunta al Acuerdo de Cierre entre el estado, Entergy y Riverkeeper que debe ser presentado hoy. La segunda demanda, que critica las acciones del estado al emitir permisos de calidad de aguas, también fue presentada hoy pero no necesita ser finalizada hasta el 24 de agosto, 2017, lo que permitirá a terceros unirse a ella.

‘‘Cuando los Demócratas de la Cámara de Legisladores decidieron abandonar sus responsabilidades de proteger nuestras comunidades locales, decidí actuar por mi cuenta. Los riesgos son muy altos para no garantizar que cada posible paso sea tomado en asegurarnos que nuestro condado y las comunidades locales no queden indefensos ante el poder del estado y los ricos grupos de intereses especiales. La segunda demanda le dará tiempo a otros para que se unan a nuestro esfuerzo de hacer al estado responsable en aplicar nuestras leyes ambientales para el beneficio del público’’.

Las demandas de Astorino serán litigadas por Philip Halpern, uno de los prominentes abogados litigantes de Nueva York, con más de tres décadas de experiencia y como socio administrador la firma Collier, Halpern, Newberg & Nolletti, LLP. No habrán costos para el condado a menos que sean aprobados por la Cámara de Legisladores.

La demanda busca invalidar el acuerdo para cerrar Indian Point hasta que sea conducida una completa revisión ambiental; asegurar que la declaración del impacto ambiental incluya una evaluación comprensiva de las consecuencias socio-económicas, reemplazo de energías e implicaciones ambientales de cerrar la planta; y garantizar que cualquier recomendación hecha por el estado para mitigar las consecuencias de cerrar la planta será sujeta a revisión pública y debate, antes de cualquier decisión definitiva de cerrar la planta.